La muerte de FUNSA

Como fue, la durísima  experiencia que afectó a un gran colectivo de trabajadores, sus familias y en general a su entorno social, que prácticamente “del día a la noche” vieron desaparecer la fuente de trabajo que le proporcionaba medios de vida superiores a la generalidad de los trabajadores del país y el fin sorpresivo e  inesperado de la seguridad económica, luego de una bonanza de prácticamente medio siglo.

Por Omar Sueiro

 En memoria de Pepe Richly que hizo tanto para evitar la tragedia.[2]

El pasado viernes 4 de mayo el semanario “Brecha” publicó las opiniones de “notorios dirigentes del movimiento obrero”, que lanzan al Director Nacional de Trabajo Luis Romero “duras descalificaciones y acusaciones que ponen en entredicho su honestidad como dirigente sindical y su ética como trabajador, y por tanto su idoneidad para ocupar un puesto clave en el gobierno[3], todas ellas originadas en su actuación en el gremio de Funsa entre 1985 y el cierre de la empresa en 1992.

Los dirigentes (del Sindicato de Funsa de aquella época) reporteados por Samuel Blixen son Gabriel Cebey y Carlos Pereyra y hay un artículo escrito por Nino de Negri (delegado de sección).

Desde esta nota vamos a tratar de aportar algunos datos objetivos, y quizá también algunos subjetivos, sobre el proceso que llevó a Funsa a su desaparición en 1992.

UN NECESARIO REPASO HISTÓRICO. Quien esto escribe trabajó en la administración de Funsa durante 25 años, desde 1967 hasta 1991/2 cuando fue despedido previo al cierre definitivo.[4] Entre el 75 y el final fue parte del staff de la Gerencia General y Presidencia del Directorio. Por la índole de las tareas realizadas estaba informado de primera mano del proceso que llevó a la empresa a la situación crítica de los ‘90.

LA ECONOMÍA. Funsa fue creada en 1935 y se desarrolló bajo la protección especial otorgada por la “Ley de Privilegios Industriales” que incluía la prohibición de importación de los tipos y medidas de neumáticos que producía la empresa. Esta prohibición estuvo vigente hasta 1960 aproximadamente; a partir de allí, la “Ley de Reforma Monetaria y Cambiaria” del primer gobierno del Partido Nacional estableció que la protección estaría dada por la estructura arancelaria, recargos e impuestos a la importación. Desde que participé en los cálculos de competitividad de los productos de la empresa, el resultado de éstos indicaba que se utilizaba prácticamente casi toda la protección disponible. En otras palabras, el precio interno de los neumáticos era algo menor que el costo de importar el similar extranjero más todos los gastos y tributos a la importación. Esta situación se agravaba cada vez que el tipo de cambio se atrasaba respecto de los valores reales que debía tener. Así había ocurrido con la “tablita” de la dictadura, que se rompió en noviembre de 1982. Fue ese mes la única vez que la mayor parte del personal de Funsa debió ir al seguro de paro a causa del abaratamiento del producto importado y la caída de la demanda interna. Además la dictadura implantó un proceso de rebaja arancelaria que fue ratificado e intensificado por los gobiernos democráticos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, en el que, también, se acordó el Mercosur, que significaba en el corto plazo la desgravación total de los neumáticos provenientes de los países vecinos. Asimismo estos gobiernos abusaron de la sobre apreciación de la moneda nacional, particularmente durante la administración Lacalle, hecho que tensó al máximo la posibilidad de competir de todo lo que Funsa producía, y por ende su producto principal, los neumáticos, tanto en la exportación como en el mercado interno.

Culminado el ajuste positivo de la vuelta a la democracia, en el final del primer gobierno de Sanguinetti y durante todo el de Lacalle se intensificó la inflación a valores hoy increíbles y el gobierno sujetó el valor del dólar a tal punto que el encarecimiento en dólares de los productos fabricados en el Uruguay los dejó totalmente fuera de mercado, externo e interno.

Fue así que en 1989/90 Funsa dejó de fabricar calzados y toda la línea de productos de uso doméstico; tampoco pudo soportar la competencia externa en cubiertas de moto y bicicleta y prácticamente quedó con una única línea más o menos viable: los neumáticos para automóviles y transporte pesado.

LA DIRECCIÓN. El contador Egon Einöder ejerció la Gerencia General y la Presidencia del Directorio de Funsa por más de 40 años. Condujo con habilidad el intrincado complejo industrial que incluía una decena de fábricas en tres plantas industriales. Porque Funsa fabricaba neumáticos y cámaras, cubiertas de moto, llantas de bicicleta, compuestos regenerados, correas industriales, conductores eléctricos de baja, media y alta tensión, championes deportivos, calzado de cuero, guantes de látex, artículos domésticos e industriales como bolsas para agua caliente o hielo, suelas y compuestos para calzados, recauchutaje y baterías. La mayor parte en su planta de Villa Española y también en otras dos plantas, una en Arroyo Seco y otra en Rosario departamento de Colonia.

Funsa no tenía empleados “en negro” y siempre estuvo al día con sus obligaciones laborales, previsionales y tributarias; en los hechos era una de las principales empresas privadas también en función de sus aportes efectivos al erario y a la previsión social. En lo laboral, debido al método fordista de producción –que obligaba a cambiar los puntajes remunerativos cada vez que se modificaban tiempos, movimientos, procesos y productos– se vivía un clima de negociación permanente, la que obviamente se acentuaba en los períodos de renovación de los convenios colectivos. Esas negociaciones se realizaban en una orientación de ganar–ganar, con exacta conciencia de la dirección de lo que significaba tener enfrente a uno de los sindicatos más fuertes del país, y por el lado gremial balanceando posibles conquistas con el mantenimiento de la fuente de trabajo.

LA MODALIDAD DE LOS CONFLICTOS Y UNA EXCEPCIÓN TRASCENDENTE. En el período pre-dictadura los conflictos laborales –en su generalidad– podrían catalogarse de “baja intensidad” o de “intensidad controlada”. Esto quiere decir que pese a aparentar y algunas veces contener cierta violencia, tanto la empresa como el sindicato comandado por León Duarte y el “Perro” Washington Pérez (que siempre terminaba sus alocuciones con un “a la pelea compañeros, a la pelea”) no dejaban que la sangre llegara al río; se llegaba a un pico de enfrentamiento y en ese momento se negociaba intensamente y se arreglaba la situación. León Duarte no era un “Loco” como se le apodaba, ni mucho menos, era un hombre inteligente, con sapiencia política, y sabía “hasta dónde estirar la piola”. Era también un excelente negociador.

Pero hubo una excepción que me parece de extraordinaria importancia posterior y que ocurrió en momentos en que se desarrollaba el conflicto de 1971: el secuestro por parte de la denominada “OPR 33” del director de Funsa, Luis Fernández Lladó, que junto a su hermano representaba la fracción mayor de capital de la empresa, aunque no la mayoría accionaria absoluta. Según trascendió en aquel momento, la liberación se pactó a cambio de un arreglo del conflicto favorable a los trabajadores de Funsa, de una suma importante de dinero y de una “donación” de frazadas a sectores indigentes de la población. En el lapso que duró su cautiverio, Fernández Lladó agravó su enfermedad cardiológica.

Se trató, sin duda, de un dislate político que pretendía volver al antiguo formato de luchas “anarcas” de principios de siglo XX, que combinaban violentismo con lucha obrera, en una situación que ni siquiera lo necesitaba y solo es entendible en el propósito de aquella organización política de trascender públicamente[6].

Dos grandes consecuencias adversas se derivaron del secuestro, una inmediata y otra casi 20 años después. La inmediata fue la designación por parte del Estado Mayor Conjunto de un “observador y asesor de seguridad” en Funsa. Nombramiento que recayó en el entonces coronel y luego general de triste recuerdo: Amaury Prantl. La sola mención de su nombre releva de comentarios. La otra se materializó cuando accedieron al directorio a fines de los ´80 los hermanos Fernández Echeverría, hijos del secuestrado Fernández Lladó, uno de los cuales –Hugo– asumiría la presidencia precisamente durante el período crítico previo al cierre definitivo. Estas personas, con una carga emotiva muy grande respecto de la organización gremial, la consideraban un enemigo y asumieron una posición drásticamente no negociadora.

LA OTRA GRAN “MACANA”. Unos meses antes de las elecciones de 1990, visitó la planta de Funsa el entonces senador Luis Alberto Lacalle, que había apoyado la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La reacción sindical y de parte del personal en contra de su presencia en Funsa fue muy dura, incluso fue apedreado y en definitiva echado violentamente de la fábrica. Luego Lacalle ganó la elección y durante su presidencia se produjo el último gran conflicto y el posterior cierre de la empresa.

Obviamente el Poder Ejecutivo no iba a ser –no lo fue– proclive a realizar esfuerzos para preservar esa fuente de trabajo. En todo caso –y por razones distintas a las políticas– posteriormente su ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, fue quien trajo al “inversionista” Taylor y fungió como su representante en el Directorio de la nueva “Titán–Funsa”.

EL SINDICATO, LOS SINDICATOS. La Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de Funsa (UOESF) tuvo dos etapas, una hasta la dictadura, orientado por los anarquistas y con fuerte oposición de comunistas y socialistas, y otra desde los ‘80, donde fue de alguna manera refundado clandestinamente por jóvenes de diversas vertientes, la mayoría provenientes de los partidos Comunista, Socialista y del PVP, prácticamente con nula presencia anarquista tradicional. Éstos, obviamente habían sido despedidos, y muchos fueron desaparecidos, apresados y exiliados.

O sea que hubo en la primera etapa un sindicato duro pero muy negociador[7] –con la lamentable excepción del conflicto del 71– y en la segunda un sindicato que comenzó en la clandestinidad, con dirigentes muy perseguidos y por esas mismas causas mucho menos negociador y con mucha menos confianza en su natural oponente. Para ejemplificar el grado de riesgo que asumieron los nuevos dirigentes que refundaron la UOESF baste solamente anotar que el último desaparecido de la dictadura fue un trabajador de Funsa[8], de la misma edad y extracción política que muchos de los dirigentes sindicales, que fue perseguido, apresado y desaparecido por su actuación política de ese momento en el Partido Comunista.

En los 7 años posteriores al reingreso a la democracia fueron retomados varios de los dirigentes sindicales de la primera época. En ese período, en forma larvada, se renovaron las luchas entre tendencias y comenzaron a manifestarse en la conducción sindical, unos menos flexibles y otros más negociadores. Es obvio que los reporteados en “Brecha” (Pereyra, Cebey y de Negri) estaban entre los primeros y Luis Romero era uno de los más connotados representantes de los otros.

EL CONFLICTO FINAL. El achique había comenzado dos o tres años antes –estando todavía el Einöder en la presidencia del directorio– combinando seguros de paro parciales y estímulos para el retiro del personal, en un proceso que intentaba ser lo menos cruento posible. La cada vez más comprometida situación de la empresa hizo que los accionistas mayoritarios, el Grupo Fernández, tomara la conducción directa, pasando Hugo Fernández a presidir el directorio.

Paralelamente se hizo cargo primero de la Gerencia Comercial y luego de la Gerencia General el contador Antonio Mujica, quien, con 40 años en la empresa, intentó algún acercamiento precisamente con aquellos que reconocía como más negociadores y tan veteranos como él en la compañía, pero tampoco se pudo llegar a soluciones positivas del punto de vista colectivo.

El ambiente económico y político del país, las condiciones económico–financieras de la compañía, las vivencias personales mencionadas a nivel de la dirección, la cultura generalizada del colectivo de los trabajadores y la mayoría de sus representantes, el terrible clima sindical interno, hicieron imposible una razonable mediación que pusiera como primer prioridad el salvamento de la unidad productiva. Solución que quienes teníamos una posición apartada de las discrepancias cotidianas creíamos y seguimos entendiendo era posible, pues podría haberse acordado un período de transición para navegar mientras permaneciera la explosiva situación de alta inflación y tipo de cambio congelado, para, luego de la inevitable devaluación y ajuste, acordar la nueva situación. El resultado fue terrible. En ese conflicto todos perdimos: sindicato, trabajadores, propietarios y hasta los bancos, particularmente, como siempre, los estatales.

Mejor dicho no todos perdieron con el cierre de Funsa: hubo quienes se beneficiaron con aquella tragedia.

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